1. Los Obispos de Guatemala hemos analizado los acontecimientos que la sociedad guatemalteca ha vivido en los últimos días: manifestaciones populares de descontento y frustración y de reclamos crecientes. La situación de paro nacional que se ha desarrollado es el resultado de acciones de organismos del Estado, principalmente del Ministerio Público que, con apariencia de legalidad, son contrarias al bien común. El secuestro de las actas del proceso electoral estuvo amparado por la decisión de un juez y dicha acción se percibió como contraria a la ley que otorga supremacía al Tribunal Supremo Electoral en materia electoral y como una violación del respeto debido al voto ciudadano libremente emitido. Fue percibido como un acto de prevaricación. Algunas resoluciones de la Corte de Constitucionalidad y de la Corte Suprema de Justicia, que debían restablecer el orden político, no han resuelto los conflictos pues se perciben como interpretaciones interesadas de la ley. El Estado, a través de estas instituciones, no ha servido al bien común y por eso gran número de ciudadanos se ha levantado en protesta y pide la destitución de quienes de manera flagrante han atropellado el proceso electoral.

2. Urgimos al Señor Presidente de la República, Doctor Alejandro Giammattei Falla, a cumplir la responsabilidad que el mismo pueblo le ha confiado y que se explicita en los artículos 1 y 182 de la Constitución de la República. Es necesario que se pronuncie en defensa del bien común y que atienda el clamor de quienes manifiestan en la calle y pida la renuncia de la Fiscal General y jefe del Ministerio Público y que con ella renuncien sus colaboradores, ejecutores de las acciones que se han percibido como abusos y atropellos del proceso electoral. Consideramos que esta decisión demostrará la preocupación real de un gobernante que quiere la paz para sus conciudadanos. A la señora Fiscal General y al Fiscal Especial y sus colaboradores, les pedimos que consideren que ha llegado el momento de demostrar con acciones otro modo de evidenciar sus responsabilidades ciudadanas: presentar su renuncia. No solamente sus acciones han sido el detonante de la insatisfacción popular sino que la misma se mantendrá, con todos sus efectos negativos, hasta que el pueblo se dé cuenta de que sus peticiones han sido escuchadas.

3. Apelamos a la conciencia del Presidente de la República, de la Fiscal General y de los integrantes de la Corte de Constitucionalidad y de la Corte Suprema de Justicia para que, ante ese Dios que la constitución invoca en su preámbulo, dejen los intereses sectoriales o personales y tomen las decisiones y acciones que reconduzcan al país a la normalidad política y social. Sabemos que son decisiones muy difíciles, pero también sabemos que cuando morimos a nuestros intereses personales, seguimos el ejemplo de Nuestro Señor Jesucristo que nos pide siempre dar la vida por amor a los demás.

4. Finalmente, pedimos al pueblo de Guatemala, a los líderes sociales y a los que tienen influencia en la vida social, que utilicen los medios legales que la misma Constitución ofrece para expresar el descontento y la insatisfacción, sin recurrir a la violencia ni a ejercer ningún tipo de presión que coarte la libertad que cada ciudadano guatemalteco tiene. Es necesario que los manifestantes se mantengan dentro de la legalidad y por lo tanto no impidan el derecho de otros ciudadanos a la libre locomoción, al trabajo, a la educación y al comercio. La manifestación, para ser efectiva, debe producir algún tipo de restricción que suscite la reflexión y la decisión, pero no puede legalmente suprimir e impedir el derecho de los demás ciudadanos a moverse, a trabajar y servir. No se puede alcanzar el bien haciendo daño a los demás y provocando un drama humanitario por escasez de lo esencial para la vida.

5. Esperamos que estas consideraciones sean tomadas en cuenta pues nacen de una intención recta de cumplir con sinceridad la misión que tenemos de ser artífices de la paz. Esperamos que la visita de los delegados de la Organización de Estados Americanos a nuestro país, no sea una cortina de humo propiciada por el gobierno de Guatemala, que oculte lo que realmente estamos viviendo. Pedimos a todos que presten atención a los criterios éticos y morales que determinan sus acciones. El logro del bien común es el objetivo ético de la política y la razón por la que se constituye el Estado según el artículo 1 de nuestra Constitución.

6. Invocamos la intercesión del Nuestra Señora del Rosario, Madre del Señor, por la paz y la justicia en nuestro país.

Guatemala de la Asunción, octubre 09 de 2023.